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Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la opresión norteamericano trazó una política de seguridad que se explicitó en la Declaración de la Conferencia de Santa Fe, verificada por sobresalientes políticos y líderes de Estados Unidos, consultivos del entonces candidato Reagan, anterior a su presidencia. Santa Fe ha emitido más tarde otras declaraciones, todas ellas ratificando esas primicias de seguridad y fundamentalmente la consideración de que nuestros países forman parte del área de seguridad de Estados Unidos, lo que justifica cualquier intervención en Latinoamérica.
Ese sistema es en realidad una corriente, una forma de ver el mundo, que pretende contraponerse a los escuelas de liberación social y nacional, al tiempo de diseñar condiciones de autoridad internacional más fuerte, cuya aplicación condujo a las bárbaras dictaduras del Cono Sur, a partir de la dictadura de 1964 en Brasil, de 1966 en Argentina (reimplantada diez años más tarde), y 1973 en Chile y Uruguay.
De manera contigua, todos los sectores populares revelaron esa doctrina. Incluso, desde la Teología de la Liberación, un vasto sector de la Iglesia Católica rechazó la Doctrina de Seguridad Nacional (D.N.S.) en los siguientes términos:
“En los actuales años se consolida en nuestro continente la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es, de hecho, más un pensamiento que una doctrina. Está enlazada a un establecido modelo económico político, de características elitistas, (nuevo orden mundial) que suprime toda participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Intenta incluso justificarse en ciertos países de América Latina como Doctrina Defensora de la Civilización Occidental . Despliega un régimen restrictivo en proporción con su noción de “Guerra Indeleble”. En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo social”
